Valdés y la Justicia abren diálogo en medio de tensión salarial

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, encabezó este lunes una reunión clave con autoridades del Poder Judicial que marca el inicio de una nueva etapa de diálogo institucional. El encuentro se desarrolló en Casa de Gobierno y contó con la presencia del presidente del Superior Tribunal de Justicia, Guillermo Semhan, y el fiscal general César Sotelo, junto al Fiscal de Estado Horacio Ortega y el ministro de Hacienda, Héctor Grachot.

Aunque oficialmente el temario se centró en la coordinación de políticas públicas, el trasfondo estuvo marcado por la tensión financiera entre los poderes del Estado, especialmente en lo referido a salarios judiciales y asignaciones presupuestarias. Desde el Superior Tribunal destacaron que durante el encuentro hubo coincidencias “plenas en la defensa del sistema democrático y el fortalecimiento institucional”, con énfasis en la división de poderes, la autarquía judicial y la intangibilidad salarial.

El propio Valdés subrayó la necesidad de sostener el diálogo como herramienta para garantizar la seguridad jurídica. “Trabajamos para fortalecer las instituciones y el respeto por la democracia”, expresó tras la reunión, que fue definida como el primer paso de una serie de encuentros entre el Ejecutivo y el Judicial.

Sin embargo, el contexto económico condiciona cualquier avance. La discusión salarial de los trabajadores judiciales, que recientemente recibieron un incremento del 6% en marzo y otro 6% previsto para abril —este último aún pendiente—, se convirtió en uno de los principales focos de conflicto. El reclamo del sector, encabezado por el Sindicato de Trabajadores Judiciales (SITRAJ), reavivó el debate sobre la autarquía del Poder Judicial y la necesidad de recursos suficientes para su funcionamiento.

Las diferencias no son nuevas. Desde hace años, el Poder Judicial viene cuestionando los recortes aplicados a sus proyecciones presupuestarias en la Legislatura. Para 2026, el presupuesto aprobado asignó más de $194.163 millones al sector, muy por debajo de los $299.375 millones solicitados originalmente por el STJ. La mayor parte de esos fondos —alrededor del 84%— está destinada a salarios, lo que limita el margen de maniobra ante escenarios inflacionarios.

A esto se suma una coyuntura fiscal compleja. La provincia enfrenta una caída sostenida de los recursos por coparticipación federal, con pérdidas superiores a los $51.200 millones en lo que va del año. Solo en abril, la baja fue del 2,9% en términos reales interanuales, lo que impacta directamente en la capacidad del Ejecutivo para responder a las demandas salariales.

En este escenario, el gobernador optó por la cautela y delegó en el área económica la definición sobre futuras recomposiciones. No obstante, ratificó la continuidad de la política salarial, aunque sujeta a la evolución de los ingresos provinciales. “En mayo estaremos haciendo anuncios, tratando de que sean lo mejor posible”, adelantó.

El encuentro dejó en claro que, más allá de las diferencias, existe una voluntad compartida de sostener canales de diálogo. Tanto desde el Ejecutivo como desde el Judicial coincidieron en que la coordinación y el respeto mutuo son fundamentales para fortalecer la institucionalidad y brindar previsibilidad a la ciudadanía.

Así, en medio de restricciones presupuestarias y demandas salariales, Corrientes abre una instancia de negociación que pone a prueba el equilibrio entre autonomía judicial, sostenibilidad fiscal y calidad institucional.