La justicia multa al Centro de Jubilados por desobediencia al frenar el proceso electoral
El Juzgado Civil y Comercial número 12 de Corrientes dispuso aplicar un el pago astreintes de 40.000 pesos diarios a la entidad por paralizar las elecciones que debían celebrarse el 24 de abril de 2024.
El miércoles 15 de mayo de 2024 el Juzgado Civil y Comercial número 12 de Corrientes dispuso intimar al Centro de Jubilados a retomar el cronograma electoral, interrumpido por decisión de la Junta Electoral, bajo el apercibimiento de aplicar una multa de 40.000 pesos diarios hasta que la entidad acate el mandato de proseguir con los comicios.
Las multas son el resultado de la desobediencia de la orden judicial de “readecuar el cronograma electoral”, dictada a favor de los integrantes de la Lista “Justo por un Cambio”, que lleva a Justo Franco como candidato a presidente de la entidad son un escalón más en la serie de problemas que tiene desde que, en 2016, asumió la intervención Julia Fernández con la única misión de llamar a elecciones para normalizar el funcionamiento de la institución y no se fue más.
Al fundamentar la sanción el juez Martín Teler Reyes cito la Sentencia 73, por la cual ordenó readecuar el cronograma electoral, hizo saber que en ningún momento ordenó frenar el proceso de elección de autoridades.
La Junta Electoral que trabaja junto a la intervención decidió suspender las elecciones y supeditarla a la definición total del proceso judicial, pese a la orden legal de no suspender los comicios.
Ante este incumplimiento Teler Reyes firmó un fallo en el cual intima a la Junta Electoral del Centro de Jubilados a que “cumpla integralmente las disposiciones de la sentencia bajo apercibimiento de imponer una sanción coercitiva de $40.000 por cada día de retardo y hasta el efectivo cumplimiento”.
La muy cuestionada gestión al frente del Centro de Jubilados de Julia Fernández (foto) comenzó en 2016 cuando la anterior titular María Mercedes Zambrano de Solis condujo un proceso electoral considerado irregular y derivó en la acefalía de la entidad, que forzó al gobierno a intervenir a la entidad civil que representa a los jubilados y pensionados del estado provincial.
La misión más importante y casi excluyente de Fernández era llamar a elecciones y llevar a buen puerto el interrumpido proceso de recambio de autoridades, bueno a 8 años de su designación y renovaciones semestrales por decreto de Valdés, sigue siendo interventora y no puede, o no quiere, dejar la administración de los cuantiosos fondos y bienes que pertenecen a los jubilados correntinos.
Desde las agrupaciones de jubilados críticas a la gestión de Fernández adjudican su permanencia a las “excelentes relaciones” que mantiene con altos funcionarios de la administración que dirige Gustavo Valdés.
