El Servicio Penitenciario de Corrientes (SPC) emitió un comunicado oficial en el que confirmó el apartamiento preventivo de una oficial presuntamente involucrada en una causa por trata de personas y prostitución, que es investigada por la Policía Federal Argentina (PFA).
La institución reconoció que se trata de una funcionaria jerárquica del SPC y aclaró que la medida se tomó “a raíz de las publicaciones en redes sociales que la involucran con un supuesto caso de trata de personas”. En el mismo documento, el organismo informó que “la funcionaria ha sido apartada preventivamente de sus funciones operativas y de contacto con la población penal, a la espera de que se concrete la investigación”.
Investigación federal y desarticulación de la red
La División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales Corrientes de la Policía Federal Argentina informó que, tras siete meses de trabajo, logró desarticular una banda dedicada al turismo sexual y la captación de mujeres para explotación en Paso de la Patria.
Durante el operativo fueron detenidas dos personas —un hombre y una mujer— acusadas de reclutar mujeres para prostituirlas en la villa turística. En el procedimiento también se rescató a una joven víctima de trata sexual, que era explotada por esta organización criminal.
Los allanamientos se realizaron en varios locales ubicados en inmediaciones de las avenidas Cazadores Correntinos y Chacabuco, en la ciudad de Corrientes, donde presuntamente se efectuaba la captación de las jóvenes.
Funcionarias penitenciarias bajo investigación
De acuerdo con los resultados preliminares de la pesquisa, una agente del Servicio Penitenciario Provincial (SPP) estaría seriamente implicada en la red, y otras funcionarias también se encuentran bajo la órbita de la investigación de la PFA.
Según los investigadores, una mujer era la encargada de establecer contacto con turistas y coordinar los traslados de las víctimas hacia Paso de la Patria, utilizando una combi conducida por su padrastro y otros vehículos. Los encuentros se realizaban en días y horarios variables, y los federales secuestraron automóviles, teléfonos celulares y documentación de interés.
Medidas administrativas y seguimiento judicial
El Servicio Penitenciario de Corrientes reiteró en su comunicado que adoptó “las medidas administrativas de rigor” para garantizar el normal desarrollo de la investigación, y que colaborará con las autoridades judiciales y federales en todo lo que sea necesario.
Mientras tanto, la funcionaria involucrada permanecerá separada de sus funciones hasta tanto se determine su grado de participación en los hechos.
