General San Martín defiende a 238 familias por sus viviendas
Autoridades y dirigentes del PJ chaqueño rechazaron cualquier revisión de adjudicaciones y exigieron respetar los derechos adquiridos. Piden diálogo, pero sin retrocesos ni condicionamientos.
En General San Martín, provincia del Chaco, se consolidó un frente político e institucional que salió a respaldar a 238 familias adjudicatarias de viviendas, en medio de un conflicto que escala y suma tensión. La postura quedó definida tras una reunión clave con el ministro de Gobierno, Carim Peche, donde el intendente Mauro Leiva y el diputado nacional Aldo Leiva fijaron una posición sin matices: los derechos adquiridos no se negocian.
Ambos dirigentes coincidieron en que las adjudicaciones se realizaron conforme a la normativa vigente y advirtieron que cualquier intento de revisión implica un retroceso inaceptable. “No es una cuestión administrativa, sino de derechos que deben ser respetados”, plantearon, en un mensaje que buscó cerrar el debate sobre la legalidad del proceso.
El respaldo político no se limitó a estas figuras. También se sumaron el diputado provincial Rubén Guillón, el Concejo Municipal encabezado por su presidenta Silvana Cabrera y la estructura orgánica del Partido Justicialista, conformando un bloque unificado que exige una solución inmediata para las familias involucradas.
Durante el encuentro, Aldo Leiva cuestionó con dureza las restricciones para realizar reuniones informativas en el barrio. Según sostuvo, impedir esos espacios agrava la incertidumbre y vulnera derechos básicos de los adjudicatarios. En la misma línea, Mauro Leiva advirtió sobre un clima de presión que calificó como incompatible con el funcionamiento de un Estado de derecho.
Uno de los puntos más sensibles del planteo fue el señalamiento sobre la necesidad de coherencia institucional. Los dirigentes recordaron que la misma resolución bajo cuestionamiento fue utilizada en su momento por el actual titular del Instituto de Vivienda para acceder a un inmueble, lo que refuerza el reclamo de igualdad ante la ley y seguridad jurídica.
En este contexto, el espacio político dejó en claro que está dispuesto a sostener el reclamo en todos los ámbitos necesarios. Si bien manifestaron apertura al diálogo, remarcaron que debe tener un objetivo concreto: garantizar el cumplimiento de la resolución original sin modificaciones.
El mensaje desde General San Martín es directo: no habrá concesiones cuando se trata de derechos legítimos. Con una postura firme y respaldo institucional, el conflicto se encamina a nuevas instancias mientras las familias esperan una definición que brinde certezas.
